De un tiempo a esta parte, hemos podido comprobar un cambio en la estrategia violenta: ha pasado de buscar la desestabilización, sembrando el terror para forzar la negociación, a utilizar la violencia con fines persecutorios. Tanto la acción criminal de ETA como el llamado terrorismo de baja intensidad han dirigido, cada vez más, su violencia contra determinadas personas y determinados colectivos perseguidos por su ideología.

La denominada kale borroka constituye un claro ejemplo de este cambio de estrategia. Actualmente, podemos comprobar cómo se utiliza sistemáticamente para perseguir y hostigar a determinadas personas por su adscripción ideológica o su condición de representantes de la ciudadanía. Todas las semanas tenemos conocimiento de nuevos datos que añadir a ese siniestro parte de sabotajes, actos de violencia callejera o actuaciones amenazadoras con las que los violentos pretenden mantener el miedo y la violencia en nuestras calles. Esta violencia no se concentra, ya, sobre bienes públicos o mobiliario urbano, no es una violencia difusa con destinatarios indeterminados y con la finalidad de crear desorden, sino que, ahora, ha pasado a constituir una estrategia clara y premeditada de acoso y persecución a determinadas personas. 

La gravedad de estos hechos, la intensidad de la violencia ejercida, de diferentes maneras, contra las personas objeto de esa violencia, y la trascendencia dramática que tienen para el disfrute de las libertades y la convivencia en Euskal Herria son razones para la extrema preocupación con la que la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA analiza esta situación. Desde que surgió Gesto por la Paz, además de ser cauce de expresión de la ciudadanía en la denuncia de la violencia y en solidaridad con las personas afectadas, hemos venido desarrollando proyectos encaminados a atender las necesidades de las víctimas y a buscar vías de apoyo y solidaridad hacia ellas. En la Coordinadora siempre hemos tratado de ser especialmente sensibles ante las agresiones contra los derechos y libertades más elementales de los ciudadanos y ciudadanas: la defensa radical de esos derechos y libertades es nuestra razón de ser. Así, en la rueda de prensa que ofrecimos el 23 de febrero de 1999 ya expusimos nuestro convencimiento de que eran "rotundamente inadmisibles las amenazas y los ataques a sus bienes realizados a personas por causa de su opción política, cargos públicos y militantes del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier otro partido, o como consecuencia del desempeño de una actividad profesional determinada: periodistas, policías, fiscales, profesores, etc.". Recordamos, también, cómo estas amenazas activaban los mecanismos del miedo que dificultaban las manifestaciones de solidaridad y repercutían negativamente en el ejercicio de las libertades y, por lo tanto, en la convivencia democrática, máxime cuando el destinatario de las mismas es un representante  de los ciudadanos  o un simple militante de un partido político. En este caso, no cabe duda de que estamos ante auténticos ataques a libertad política y a la propia democracia, pues se pretende constreñir el ámbito del pensamiento y de la acción política a un determinado sector de la ciudadanía. Esta honda preocupación provocó que, especialmente desde nuestra última Asamblea, hayamos renovado una profunda reflexión interna en la Coordinadora y hayamos acordado una serie de actuaciones en torno a lo que denominamos violencia de persecución.

En primer lugar, por tanto, queremos detenernos en el análisis del fenómeno al que nos referimos. Nuestra intención es la de intentar llevar a cabo una descripción que comprenda la situación en su totalidad, y la totalidad de los efectos que provoca. Consideramos que términos como kale borroka, sabotajes, terrorismo de baja intensidad u otras expresiones utilizadas para referirse a esta violencia dirigida contra determinadas personas, sus familiares o sus bienes, no recogen con precisión la gravedad de los hechos a los que aluden. Creemos que, cuando esos ataques a ciudadanos, representantes de la ciudadanía, empresarios, periodistas o miembros de otros colectivos atacados se convierten en acciones sistemáticas fruto de una estrategia diseñada con ese fin, estamos ante una verdadera persecución. La violencia de persecución constituye una utilización sistemática de la violencia callejera, el acoso, la amenaza, la agresión u otros medios, incluido el asesinato, para señalar, perseguir, hostigar y aislar a determinadas personas por el hecho de defender públicamente sus planteamientos ideológicos, por su condición de representante de los ciudadanos o por el libre ejercicio de su profesión.

Consideramos que el término violencia de persecución es más adecuado para referirse a la violencia que sufren cotidianamente muchos ciudadanos y ciudadanas vascas porque refleja mejor el acoso permanente que supone y la sensación continuada de amenaza que provoca. La posibilidad de que la persecución culmine con el asesinato de la persona acosada, como ha ocurrido en ocasiones, añade un grado más, el máximo, de terror a la situación de angustia que sufren estas personas. En ocasiones, esta realidad es ocultada por el lenguaje que utilizamos para referirnos a las diferentes formas de violencia. Por ello, en nuestra opinión, este término supone un mayor reconocimiento y consideración de la terrible realidad que soportan muchos ciudadanos y ciudadanas.

En un intento de describir los efectos de esta estrategia y, a raíz de nuestro contacto con personas víctimas de esta violencia de persecución, hemos detectado como consecuencias principales vivencias de persecución, aislamiento y desprotección.

·         Persecución: la existencia de una estrategia preconcebida provoca la sensación de persecución en todo un sector de la sociedad que vive angustiado por la pesada losa que supone saberse miembro de un colectivo señalado por la violencia. Esta sensación se añade y sobrepasa a la pesadumbre que provoca el vivir en una sociedad fuertemente afectada por la violencia. La amenaza se convierte así en un factor estresante ambiental continuo, cuya presencia continuada altera y perturba las manifestaciones más elementales de la vida cotidiana, tanto en la esfera pública como en la privada. Por otro lado, no es sólo la persona directamente amenazada la que sufre esa estrategia de persecución. Ese acoso continuado provoca que también familiares, allegados, vecinos o compañeros de trabajo vivan atemorizados. La sensación de persecución incluye por lo tanto el peso  enorme de lo que pueda ocurrir a su familia, vecinos... Esta responsabilidad, en algunos casos, puede llegar a una verdadera sensación de culpabilidad  que termina afectando a su comportamiento y a su estado anímico.

·         Aislamiento: la situación de aislamiento es otra de las consecuencias de la amenaza. Uno de los efectos buscados por esa estrategia de persecución es señalar y aislar socialmente a las víctimas de esa violencia. Este factor está fuertemente condicionado por el apoyo social que reciba la víctima. En la coyuntura actual de mutua desconfianza y constantes reproches entre partidos políticos, el riesgo de aislamiento se incrementa: se corre el riesgo de que la persona perseguida se  repliegue en el colectivo al que pertenece, buscando de esta manera guetos en los que la víctima se siente arropada y comprendida sin fisuras. La violencia de persecución puede, así, provocar una irreparable fractura social si la reacción frente a ésta no es una constante expresión comunitaria y plural de solidaridad.

·         Desprotección y vulnerabilidad: la persecución permanente de la violencia produce una intolerable sensación de vulnerabilidad y amenaza. Una agresión constante -expresa y manifiesta, a veces; otras, silenciosa y sutil- produce una inevitable sensación de desprotección. Es ésta una realidad, vivida cotidianamente por miles de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, que requiere una atención y una respuesta adecuada por parte de la sociedad.

 

¿Quiénes son las víctimas de esta violencia de persecución? Por lo general, se trata de personas corrientes, de mayor o menor relevancia pública, integradas en la vida de sus barrios y pueblos, cuyas casas, vehículos y familia son conocidas y fácilmente atacables. En el contexto actual, esta violencia se dirige contra determinados colectivos como representantes de partidos políticos no nacionalistas, empresarios o periodistas de determinados medios de comunicación, que constituyen el objetivo de esta estrategia. Debemos evitar, de cualquier manera, simplificaciones o falsas identificaciones a la hora de analizar la estrategia de los violentos: la violencia de persecución se está utilizando para acallar al discrepante, para impedir la libertad de expresión y de pensamiento, y se trata, por tanto, de un ataque directo a la libertad de todos y a la convivencia. Hoy, puede que nuestras ideas no estén perseguidas, pero, si consentimos que otras lo estén, estaremos renunciando a nuestra propia libertad. Así pues, la estrategia de persecución de muchos ciudadanos y ciudadanas no sólo requiere nuestra solidaridad con los directamente afectados, sino que nos demanda también una postura activa para la defensa de esa libertad a la que nuestra sociedad no está dispuesta a renunciar.

¿En qué coyuntura se desarrolla esta estrategia de persecución?  Es preciso recordar que la violencia de persecución se está dando en una situación de hostilidad entre los distintos bloques en los que se ha estructurado la política vasca. Tener presente esta circunstancia es importante si tenemos en cuenta que la violencia de persecución es una estrategia que está castigando especialmente a un sector identificable de la sociedad. La coyuntura bloquea, en parte, los lazos de solidaridad y multiplica la eficacia aislante de la amenaza. No se reconocen mutuamente la buena fe e impera una desconfianza cada vez mayor. El reconocimiento claro por los partidos políticos de que sus adversarios políticos están de la misma manera que ellos en contra de la violencia es una exigencia ineludible para evitar que el resentimiento germine en unas personas que se sienten desamparadas. De la misma manera, anteponer la solidaridad y cercanía con las víctimas de la persecución a las diferencias ideológicas que separan a unos y otros es un requisito elemental de humanidad y ética política.

La tensión que envuelve la debate político también afecta a la forma en que se aborda la violencia de persecución, con consecuencias negativas para las propias víctimas, puesto que supone un incremento de la sensación de aislamiento y desprotección. Además, la búsqueda constante de polémicas estériles acentúa el efecto de esta violencia sobre la convivencia, en la línea opuesta de considerar la aceptación de la pluralidad y el diálogo entre los distintos como sus valores fundamentales.

¿Quiénes llevan a cabo esta violencia de persecución? Como hemos analizado, la violencia de persecución abarca una serie de grados de amenaza y presión que van desde el simple acoso verbal hasta la eliminación física mediante el asesinato. Como consecuencia de esta diversidad de formas de violencia son muchas las personas relacionadas con su ejercicio. En este sentido, queremos hacer, una vez más, una llamada de atención sobre el grado de penetración de la cultura de la violencia en determinados sectores de la sociedad, especialmente entre los jóvenes relacionados con la violencia callejera y la de persecución. Es necesario dar la voz de alarma ante la socialización en la violencia que tienen estas personas: queremos hacer un llamamiento expreso a aquellos que tienen alguna capacidad de incidencia en la socialización de estas personas para que valoren las consecuencias que para el futuro tiene esta realidad tremenda. Llama la atención el nivel de crueldad y ensañamiento de los victimarios. La consideración de la violencia como un bien objetivo supone una pérdida total de referentes éticos elementales y plantea un riesgo de relevo generacional en el ejercicio de la violencia, desprovisto además de un cuestionamiento de ésta. El regocijo ante el sufrimiento ajeno que demuestran estas personas pone en evidencia una alarmante pérdida de los valores éticos y, por consiguiente, una grave pérdida de la calidad humana de nuestra sociedad, que se mide por su capacidad de empatía y de solidaridad.

La educación en los valores de la tolerancia y la defensa de los derechos humanos de todas las personas es, a la vista de los hechos, una de las tareas pendientes urgentes del sistema educativo, de las propias familias y de la sociedad en su conjunto.

¿Cuál debe ser la respuesta? Consideramos que la realidad a la que nos referimos constituye un gravísimo ataque a las libertades cuya importancia  requiere un tratamiento en parte común a otras respuestas a fenómenos violentos pero en alguna medida también uno propio y específico.

En primer lugar, sin duda, la prevención se erige en tarea primordial, de tal manera que habrán de extremarse, por parte de los poderes públicos las medidas de protección de naturaleza policial hasta donde sea técnicamente posible, conscientes de la imposibilidad de alcanzar una eficacia total y absoluta cuando el abanico de objetivos potenciales es tan amplio y diverso. Esta función de prevención debería contribuir a incrementar la percepción subjetiva de seguridad en los ciudadanos afectados.

Materializado ya, por desgracia, el acto violento, la respuesta social pública debe tener una doble finalidad: por un lado, la expresión sincera, próxima y directa de solidaridad hacia las víctimas por parte de una comunidad que siente como propio y colectivo el ataque a la libertad sufrido por algunos de sus miembros; por otro lado, la reiteración de la condena y el rechazo más firme y contundente a un acto más de violencia. Los actos organizados para ello deben buscar el alivio de los efectos de la persecución, contrarrestándola con demostraciones de afecto, solidaridad y reivindicación de la libertad, impidiendo el aislamiento y, por tanto, la fractura social.

El mayor valor de una respuesta social con el contenido indicado será sin duda su carácter integrador y plural, propio de una sociedad que se reconoce plural y que reivindica una libertad cuya propiedad no corresponde a nadie exclusiva y a todos a la vez; será la libertad del ser humano, del ciudadano político, cualquiera que pueda ser su opción personal y por encima de su etiqueta o color en cada momento. Una vez más estaremos ante la defensa de un valor universal que afecta y compete a toda la sociedad. Es sin duda un derecho de las víctimas que esas manifestaciones de solidaridad constituyan un espacio público y plural donde la comunidad les muestre su total apoyo sin la interferencia de los planteamientos partidistas.

Lamentablemente, en los últimos meses y debido a la coyuntura social y política actual, son muchas las ocasiones en que esa respuesta no ha sido unitaria ni plural. Por ello, resulta imprescindible que los partidos políticos rectifiquen la tendencia a escenificar sus diferencias partidistas en las movilizaciones contra la violencia y refuercen aquellos otros casos en los que representantes de casi todas las opciones ideológicas han caminado codo con codo en protesta por la violencia. De esta manera se evita que los afectos y lazos trenzados a lo largo de muchos y difíciles años en Euskal Herria se rompan.

Conclusiones:

a)       En Gesto por la Paz, consideramos que la violencia de persecución constituye un gravísimo ataque a las libertades cuya importancia requiere un tratamiento, en parte, común a otras respuestas a fenómenos violentos, pero, en alguna medida, también propio y específico.

b)       El carácter sistemático y constante de la violencia de persecución no debe convertirla en algo a lo que la sociedad se pueda acostumbrar. En este sentido, es necesario mantener activa una sensibilidad cívica que nos recuerde, permanentemente, que cada acto de esta índole supone un abuso de graves consecuencias sobre los derechos más elementales de las personas y de nuestra convivencia.

c)       Todos los agentes sociales tenemos el deber moral de prevenir y, en el peor de los casos, de compensar, cada uno en la medida de su responsabilidad, los efectos de angustia, aislamiento y desprotección que esa violencia de persecución provoca en grandes sectores de la población. Así pues, la prevención se erige en tarea primordial, de manera que los poderes públicos habrán de extremar la protección de naturaleza policial hasta donde sea, técnicamente, posible. Esta función debería contribuir a potenciar la percepción de seguridad en los ciudadanos afectados.

d)       Las instituciones y el conjunto de la sociedad en general debemos asumir como propios los efectos de los ataques que sufren las víctimas de la violencia de persecución, ya que con ellos no sólo se vulneran los derechos fundamentales de esas personas, sino que se agrede directamente a nuestro sistema básico de convivencia en libertad. Por tanto, cuando, desgraciadamente, se materializa la violencia de persecución, la respuesta social pública debe cumplir con la doble finalidad de expresión sincera de solidaridad con las víctimas y de rechazo firme a un acto más de violencia.  De esta forma, los actos públicos organizados para ello deben buscar el alivio de los efectos de la persecución, contrarrestándola con demostraciones de afecto, solidaridad y reivindicación de la libertad que impidan el aislamiento y, por tanto, la fractura social.

e)       Debemos ser capaces de anteponer la solidaridad con las víctimas y la defensa de nuestra convivencia en libertad a las diferencias ideológicas y, en ese sentido, es urgente que se haga un  reconocimiento expreso y permanente de los partidos políticos de que sus adversarios políticos están, de la misma manera que ellos, en contra de la violencia. Sólo así se podrá evitar la quiebra de los lazos de solidaridad y la consecuente multiplicación de la eficacia aislante y destructora que busca la violencia de persecución. Por eso, resulta imprescindible que los partidos políticos rectifiquen la tendencia a escenificar sus desacuerdos en las movilizaciones contra la violencia y refuercen aquellos otros casos en los que representantes de casi todas las opciones ideológicas han caminado codo con codo en las manifestaciones de solidaridad y de defensa de la libertad.

f)         Asimismo, debemos hacer una llamada de atención sobre el grado de penetración de la cultura de la violencia en determinados sectores de la juventud. Esta desprovisión de valores éticos requiere un redoblado compromiso de todos los agentes formadores (familias, sistema educativo y agentes sociales en su conjunto)  para  tratar de recuperar a esa parte de la juventud de su anomia moral y evitar que otras generaciones se puedan socializar en la violencia.

g)       En definitiva, es necesario que los cauces de expresión para el rechazo de la violencia de persecución y de solidaridad con su víctimas sean de carácter plural y sin las interferencias de los diferentes planteamientos partidistas. Puesto que todos estamos contra la violencia, no resulta lógico que las manifestaciones para su rechazo se conviertan, precisamente, en el escenario donde exhibir diferencias que sólo sirven para relegar la solidaridad que les es debida a las víctimas. El mayor valor de la respuesta social debe ser su carácter integrador y plural, propio de una sociedad que se reconoce diversa y que reclama una libertad que no corresponde a nadie en exclusiva y a todos a la vez. Sólo así tendremos la certeza de estar defendiendo la libertad del ser humano y del ciudadano político, cualquiera que pueda ser su opción personal y por encima de su etiqueta o color.

Julio de 2000

Este estudio ha sido editado con la ayuda del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco a través de la Dirección de Derechos Humanos.

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