Comisión de Solidaridad con las Víctimas
RUEDA
DE PRENSA: Ley de Solidaridad con Víctimas del terrorismo
Madrid,
7 de abril de 2000
Introducción
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria nació, ahora hace catorce años, con la vocación de convertirse en un cauce de expresión de la ciudadanía contra la continua vulneración de los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida, que produce la violencia que, con fines políticos, se origina desde Euskal Herria. Las movilizaciones de denuncia de esta vulneración tenían y, por desgracia, siguen teniendo la capacidad de satisfacer la necesidad de demostrar la más profunda solidaridad con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han encarnado en su persona el ataque hacia las bases fundamentales de nuestro sistema de convivencia.
Si nuestra seña de identidad han sido y son los gestos, las concentraciones silenciosas que hemos convocado para condenar cada muerte que se producía relacionada con esta violencia específica, es porque, desde un principio, hemos considerado, en primer lugar, que no debía haber ninguna víctimas más y, en segundo lugar, que, como ciudadanos/as, tenemos el deber moral de apoyar y arropar a quienes más directamente han sufrido la violencia.
Desde 1986, las víctimas han ocupado un lugar central en nuestro trabajo. Las reflexiones que hemos elaborado a lo largo de estos años de experiencia, las hemos recogido en un documento que hicimos público en verano de 1999, titulado "La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria ante la situación de las víctimas de la violencia". De este documento, que aprovechamos la ocasión para presentar en Madrid, deseamos resaltar dos cuestiones que afectan al objeto de esta rueda de prensa.
En primer lugar, desde la Coordinadora GESTO POR LA PAZ, al hablar de víctimas de la violencia nos referimos a las víctimas del terrorismo de ETA, las del GAL y las de grupos antiterroristas de similares características, es decir, todas aquellas personas asesinadas o afectadas, física o psíquicamente, y sus familiares o allegados, así como las víctimas de amenazas, extorsiones o secuestros; las víctimas de la violencia callejera; y, las víctimas de actuaciones que hayan supuesto una extralimitación en las atribuciones legales de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo. Todas ellas tienen en común el sufrimiento por una pérdida irreparable que, desde los parámetros de un estado de derecho y democrático, resulta completamente inexplicable e injusta. Así pues, todas ellas deberían ser susceptibles de convertirse en sujetos de los mecanismos que se articulen para resarcirlas y, en cualquier caso, tales medidas han de eludir cualquier controversia que pueda paralizar la urgente y necesaria búsqueda de acuerdos para aplicarlas con criterios de máxima generosidad y flexibilidad.
Por otra parte, si bien es verdad que las agresiones que han sufrido las víctimas tienen consecuencias irreparables, consideramos que tenemos la obligación de buscar la forma más justa y eficaz de compensarlas en aquello que sea posible. Quizás sea un objetivo ambicioso, pero deseamos, por un lado, que las víctimas puedan tener una vida digna y que vean satisfechos sus legítimos derechos como personas agredidas y, por otro lado, que recuperen, si la habían perdido, la confianza en la sociedad y en la convivencia, y que participen en una sociedad en paz.
Las víctimas son las únicas que corren el riesgo de quedar olvidadas como las grandes perdedoras de la historia, lo cual supondría volver a agredirlas de nuevo y convertirlas, también, en víctimas de la paz. Ante el riesgo de su olvido y soledad ante el sufrimiento, proponemos que la memoria del dolor de las víctimas juegue un papel fundamental en la configuración del futuro y, frente a la concepción de que la historia avanza por medio del uso de la violencia o de aquella que reivindica el olvido para la construcción del futuro, defendemos que sólo se podrá emprender un verdadero cambio en la historia, precisamente, gracias a la incorporación del recuerdo de las víctimas al porvenir de la sociedad.
En este sentido, la solidaridad demostrada por una gran mayoría de la sociedad debería ser parte de un proceso que afirme las bases sobre las que las víctimas puedan apoyarse para recuperar la confianza y para volver a participar sin sentirse excluidas, incomprendidas y abandonadas.
Se debe ir desarrollando en todos y cada uno de los espacios públicos y privados de la convivencia cotidiana un profundo respeto al que disiente en coherencia con la aceptación positiva de que vivimos en un país plural. No se trata de cargar, también, sobre los hombros de las víctimas la responsabilidad de la reconciliación, sino de asumirla como un proceso de reconciliación social que afecta a todos y todas las que vivimos y compartimos esta sociedad. De hecho, pensamos que sólo en una sociedad reconciliada las víctimas podrán recuperar la esperanza de que el drama sufrido no se volverá a repetir.
Como parte de este proceso de reconciliación, en GESTO POR LA PAZ consideramos necesario que se produzca un reconocimiento del sufrimiento vivido, una recuperación de la credibilidad en la convivencia y la clara y firme deslegitimación de la violencia. Estas son tres necesidades ineludibles que se deben empezar a abordar desde ahora mismo.
Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo
Una vez destacados algunos de los aspectos que consideramos imprescindibles para que las víctimas puedan recuperar la confianza en sus relaciones con la sociedad, deseamos centrarnos en el objeto de esta rueda de prensa que son cuestiones relacionadas con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Aunque resulte obvio, queremos recordar que las ayudas económicas concedidas a las personas afectadas por la violencia, a pesar de ser necesarias y en algunos casos urgentes, no cubren todas sus necesidades. Existen graves carencias de otra índole, unas de carácter más personal y otras de tipo social y ético, que deben ser atendidas y cubiertas desde otro tipo de iniciativas.
Desde GESTO POR LA PAZ, hemos seguido con mucho interés el nacimiento y desarrollo de esta Ley. En mayo de 1999, remitimos un documento respecto a esta Ley a los distintos grupos parlamentarios en el que solicitábamos que se revisaran algunas cuestiones que figuraban en el Proyecto de Ley que considerábamos susceptibles de ser mejoradas y nos hemos ofrecido al Ministerio de Interior a realizar cuanto esté en nuestra mano para que los efectos de esta Ley lleguen hasta el mayor número de personas que puedan beneficiarse de las ayudas.
Aunque algunas de nuestras propuestas no fueron recogidas en el texto final de la Ley, nos alegramos de que se haya hecho realidad una iniciativa de este estilo y de que se haya hecho desde el consenso entre todos los grupos parlamentarios. Ahora es el momento de aplicar la Ley, de llevarla a la práctica y, desde GESTO POR LA PAZ, nos vemos en la obligación de insistir en algunas cuestiones que consideramos de suma importancia.
Dado que la violencia y sus trágicas consecuencias continúan, en aplicación lógica del objeto de esta Ley, se debe asegurar que todas las víctimas y familiares posteriores a la fecha en que se aprobó la Ley puedan beneficiarse de las ayudas concedidas en la Ley. Para ello solicitamos el mismo esfuerzo de consenso de las Cortes Generales que se realizó para la aprobación de la Ley.
(1) Cuando se ha cubierto cerca de la mitad del plazo fijado para la petición de ayudas, de las 6.000 reclamaciones correspondientes a unos 3.000 expedientes que se estimó que pudieran solicitar la ayuda calculada en 44.000 millones, hasta la fecha, se han presentado 3.000 reclamaciones de las que se han aceptado, de momento, 770 a las que corresponden 7.742 millones
En este sentido:
Exigimos que el Ministerio de Interior, haga cuanto esté en su mano para que no quede ni una sola víctima sin tener conocimiento de que existe esa posibilidad de recibir ayudas.
Esperamos que estas peticiones sean tenidas en cuenta, puesto que con ellas pretendemos que la Ley cubra al mayor número de personas afectadas por el terrorismo, que perciban la indemnización correspondiente y así vean, de alguna manera, mejorada su situación.
Animamos a todas las personas que han sufrido la violencia a que soliciten la indemnización a la que tienen derecho, bien personalmente, o bien utilizando la ayuda que les ofrecemos desde los distintos movimientos sociales que trabajamos en este campo. Somos conscientes de la dificultad que entraña realizar estos trámites tan delicados, porque entendemos el dolor y el sufrimiento que supone volver a revivir de forma muy directa la tragedia padecida. Precisamente por eso, creemos que se deben hacer, que debemos hacer, todos los esfuerzos para facilitarles la concesión de estas ayudas.
GESTO POR LA PAZ entiende esta Ley no sólo como una ayuda económica, sino como una forma de que toda la sociedad reconozca, una vez más, el daño sufrido por las víctimas. Por ello, estamos empeñados en dar a conocer y llamar la atención sobre la existencia de esta Ley para que las víctimas objeto de la misma conozcan sus derechos y para que la sociedad considere esta ayuda económica como un símbolo del reconocimiento debido a las víctimas causadas por la violencia y la sinrazón.
COORDINADORA
GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL
HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
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7 de abril de 2000 |
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