Comisión de Solidaridad con las Víctimas

Nota de prensa: Gesto por la Paz ante el final del plazo de la Ley de Solidaridad con Víctimas del terrorismo. Bilbao, 21 de junio de 2000

Desde que GESTO POR LA PAZ tuvo conocimiento de la iniciativa de crear una Ley de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo, ha trabajado concienzudamente en realizar cuantas aportaciones pudieran ser útiles para el buen desarrollo de esta Ley. Desde GESTO POR LA PAZ entendemos que esta Ley no sólo es una ayuda económica a las víctimas, sino que es una forma de que toda la sociedad reconozca, una vez más, el daño que han sufrido. Sabemos que con esta Ley no se cubren, ni mucho menos, las necesidades y derechos de las víctimas, pero es un instrumento valioso que se debe utilizar con justicia y eficacia.

 

• Antes de que se aprobara la Ley de Solidaridad con Víctimas del terrorismo

Así, cuando en mayo de 1999 conocimos el texto que presentaba el Gobierno para su debate entre los grupos parlamentarios, GESTO POR LA PAZ elaboró una serie de propuestas que se las hizo llegar a todas las formaciones políticas con objeto de que, si lo consideraban pertinente, las tuvieran en cuenta a la hora de incluir sus enmiendas.

Uno de los puntos que encabezaba el documento que presentamos decía que "considerábamos de gran importancia que esta iniciativa fuera llevada a cabo desde el consenso por parte de todos los grupos parlamentarios". Así ocurrió y nos alegramos de ello.

En cuanto a los criterios de aceptación de las solicitudes, pedíamos que fueran generosos y flexibles a favor de las personas afectadas. Se han publicado en medios de comunicación algunos casos que despistan a la opinión pública respecto al criterio utilizado y, en este sentido, consideramos que el Gobierno debería aclarar cuáles han sido estos criterios. Sin embargo, más preocupante aún nos parece lo que recientemente se ha publicado respecto a la decisión tomada por el ejecutivo de no indemnizar a las personas heridas por atentados del GAL atendiendo a un reglamento de 1997 por razones ajenas a las propias víctimas. Según estas informaciones, un cargo del Ministerio de Interior afirmó que "todo sería distinto si mañana volviera la tregua". En GESTO POR LA PAZ somos partidarios de que sea el propio sistema democrático y sus instituciones y mecanismos quien arbitre la concesión de indemnizaciones y que no sea ETA quien esté condicionando a quién se le concede y a quién no las ayudas que les pertenecen.

También, en aquel documento señalábamos que considerábamos escaso el periodo abierto para presentar las solicitudes. Hoy, dos días antes de finalizar el plazo, comprobamos que por desgracia nuestras sospechas son una realidad: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el mismo Ministerio de Interior,en la nota del 16 de junio, reconocen que el periodo es excesivamente reducido.

  

• Seis meses para solicitar lo que es justo

Durante estos seis meses hemos realizado cuantas gestiones estaban en nuestra mano:

• Hemos mantenido comunicación permanente con la oficina de atención a las víctimas del Gobierno, tanto para comentar el Reglamento de la Ley, como para coordinar la tramitación de cuantas solicitudes han llegado a nuestra oficina.

• En abril de 2000, realizamos una rueda de prensa exigiendo al gobierno algunas medidas como son la ampliación del plazo para presentar las solicitudes de ayudas, la inclusión de las últimas víctimas de ETA, y la utilización de forma generosa y amplia de los criterios a la hora de aplicar la Ley.

• Por nuestra parte, hemos divulgado la existencia de la Ley con todos los medios a nuestro alcance: incluida la inserción de anuncios en prensa escrita de todo el país con la colaboración de algunos medios de comunicación, su difusión en la cadenas de radio de mayor audiencia, etc.

• También hemos realizado una labor de ayuda al tramitar la solicitud a aquellas víctimas que se han puesto en contacto con nosotros para tal efecto.

 

• ¿Cómo está la situación? ¿Qué debe hacer el Gobierno?

En este momento, a escasos días de que se cumpla el plazo límite para la solicitud de las ayudas, nos sigue preocupando que existan personas que aún siendo susceptibles de recibir la indemnización, por desconocimiento no hayan realizado la solicitud y por tanto el 23 de Junio pierdan su derecho.

El Ministerio de Interior, en nota de prensa remitida el 16 de junio, reconoció que "en las últimas semana se ha constatado la existencia de posibles beneficiarios que no han presentado todavía su solicitud". Posteriormente, destacados miembros de la AVT en su XIX Asamblea Nacional reconocieron que "el plazo de seis meses de que disponen las víctimas para solicitar las ayudas es poco tiempo".

Debemos recordar que esta Ley no sólo afecta a los familiares de personas fallecidas más o menos recientemente, sino que se remonta al año 1968 y también incluye a personas secuestradas y a todas aquellas heridas en atentado y que, como consecuencia del mismo hayan sufrido algún grado de invalidez o incapacidad psico-fisica. En definitiva, incluye a cualquier persona que se haya visto afectada de alguna manera por una acción terrorista, independientemente de que fuera su objetivo o no. Estamos hablando desgraciadamente de una gran cantidad de personas.

 

Por ello emplazamos al Ministerio de Interior, responsable de que la aplicación de la Ley de Solidaridad con Víctimas del terrorismosea correcta y en sus justos términos, a que atienda las siguientes peticiones:

1. Comprobación de la forma más exhaustiva posible de que ninguna víctima de la violencia terrorista se ha quedado sin la oportunidad de solicitar la indemnización correspondiente y que se informe a la sociedad, con la discreción que sea necesaria, del número de las solicitudes presentadas, de las concedidas y que las ponga en relación con las previsiones realizadas, según datos de actos de terrorismo cometidos desde 1968.

2. A la luz de los datos anteriores, se proceda a ampliar el plazo para la presentación de las solicitudes de indemnización y que se difunda la existencia de la Ley, con una campaña similar, al menos, a las realizadas con motivos similares anteriormente.

3. Se confirme que la Comisión encargada de valorar la concesión de indemnizaciones ha aplicado los mismos criterios, indepen-dientemente de la autoría de los atentados, tanto a los familiares de las personas fallecidas, como a los heridos. Renovamos, además nuestra exigencia de que los criterios de concesión de ayudas sean lo más generosos posibles.

4. Se haga firme la voluntad expresada en algún momento de que esta Ley es extensible a las personas que son víctimas de la violencia, a raíz de sucesos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Con estas propuestas se pretende que la Ley cubra al mayor número posible de personas afectadas por el terrorismo y que la sociedad se sienta participe de ella como acto de solidaridad realizado en su nombre.

21 de junio de 2000