La crítica fundamental a la propuesta es la vinculación que se establece entre la resolución del problema de la violencia (que llegará cuando ETA desista definitivamente del uso de la violencia) con la resolución del conflicto político de carácter identitario bajo unos determinados parámetros políticos.

El debate en la opinión pública se está centrando en la legalidad/ilegalidad del posible referéndum/consulta popular o sobre lo que se va a preguntar, aspectos en los que no va a entrar Gesto por la Paz.

El planteamiento de la propuesta debilita la identificación de ETA como la responsable de la continuidad de la violencia. La responsabilidad es de ETA y de quienes siguen justificando la violencia, y no de la sociedad, especialmente desde la perspectiva de que “nosotros tenemos que hacer algo” para intentar “convencer” a los violentos. Con total independencia de cuál sean los resultados que se obtengan de esta propuesta, ETA seguirá siendo la responsable. La deslegitimación permanente de la violencia es una demanda básica que se debe tener presente en todas las iniciativas políticas que se presenten.

No se puede introducir a ETA en un planteamiento político o en una hoja de ruta porque no se rige bajo los parámetros democráticos, pero, además, con ello, se debilita la permanente exigencia de la necesaria deslegitimación de la violencia. En estos momentos, aunque por parte de algunos se detecten graves deficiencias políticas, no existe ninguna justificación para la existencia de ETA. Por tanto, la exigencia debe ser su desaparición inmediata, sin establecer relación con la consecución o no de unas determinadas cotas políticas o que se hayan desarrollado determinadas iniciativas políticas.

En la propuesta se aspira a alcanzar un Pacto Político entre Euskadi y España bajo el principio ético de rechazo a la violencia, y el compromiso de la sociedad vasca con las vías única y exclusivamente políticas y democráticas . La gran mayoría de la sociedad vasca ya ha manifestado en reiteradas ocasiones ese compromiso por la paz, pero su consecución no depende de la voluntad de los ciudadanos sino de ETA. El destinatario de este mensaje debe ser ETA y el entorno que sigue justificando su existencia. Es ahí donde se sitúa el problema fundamental.

El mandato imperativo fruto de la consulta se dirigiría a ETA, Gobierno español y partidos políticos vascos , pero ETA, de forma deliberada, no se rige bajo los parámetros democráticos, como sí lo hacen las Instituciones y los partidos políticos, por tanto no se le puede introducir en el mismo planteamiento. Además esta demanda, por parte de la mayoría de la sociedad, existe desde hace mucho tiempo. Por otra parte, aunque ya la aceptación de este planteamiento es criticable, no existe absolutamente ninguna certeza que en el supuesto de que se llegara a ese estadio defendido por el Lehendakari se alcanzara también el final de la violencia.

Una parte del contenido de ese mandato se concreta en que el Gobierno español y ETA inicien un proceso de diálogo con el objetivo de lograr el fin definitivo de la violencia, siempre que ETA manifieste previamente su voluntad inequívoca de abandonar el terrorismo y que las decisiones políticas correspondan a los representantes políticos vascos. El objetivo y la prioridad no debe ser el establecimiento de ese diálogo, sino precisamente que se den estas condiciones: voluntad inequívoca de abandonar el terrorismo y que las decisiones políticas correspondan a los representantes políticos vascos . Las experiencias pasadas han demostrado claramente que esa es la principal dificultad y, por tanto, ese debe ser el objetivo. Si se inicia un nuevo proceso de diálogo con cualquier Gobierno en el que ETA siga utilizando el chantaje de la vuelta a la violencia y en el que pretenda alcanzar sus objetivos políticos, el margen de maniobra es nulo. El objetivo que se debe perseguir es el desistimiento de ETA.

ETA es una enorme dificultad para hacer política y esta dificultad se acrecienta para las opciones políticas que sufren de forma directa la amenaza y el ataque del terrorismo. Además, la existencia de ETA dificulta especialmente abordar y avanzar en la resolución del conflicto político de carácter identitario. Ante esta realidad, resulta necesario separar ambas cuestiones.

• El problema de la violencia de ETA hay que afrontarlo desde un ámbito pre-político y desde la unidad de todas las fuerzas políticas que, junto con la gran mayoría de la sociedad, deben mantener firmemente la exigencia a ETA de que abandone las armas de forma inmediata e incondicional.

Comisión Permanente

20 de noviembre de 2007