Torturas y malos tratos

Régimen penitenciario: a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas.

Gesto por la Paz exigió firmemente que la lucha contra el terrorismo se realizara siempre dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad, los principios democráticos y los derechos humanos. La tortura es una violación especialmente grave de estos derechos, en la medida en que quien la padece está indefenso en manos de quienes tienen el deber de custodiarlo y defender su integridad física y psíquica. Detentan el uso legítimo de la violencia y, por ello, convertirlo en ilegítimo con estas prácticas supone una vulneración muy grave de los derechos de las personas detenidas y una gravísima vulneración del Estado de derecho, además de un desprecio absoluto a la dignidad de la persona.

Cuando se tuvieron indicios de que se hubiera producido un caso de malos tratos y torturas, Gesto por la Paz exigió su inmediato esclarecimiento. Un problema frecuente a la hora de abordar esta problemática fue contar con fuentes fiables de información porque existía una estrategia sistemática de denuncia de torturas. Sin embargo, esta estrategia no podía ser excusa para que no se investigaran ni se esclarecieran las denuncias.

Se puede sostener que no existió una práctica generalizada y sistemática de malos tratos por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado (si exceptuamos la época de la transición), pero igualmente sería falsear la realidad si se afirmara que fue una práctica total y definitivamente desterrada. En este sentido, hubo informes de estamentos como la ONU u organizaciones, como Amnistía Internacional, que alertaron y denunciaron la existencia de ciertos casos. Y, además, hubo condenas judiciales que, por desgracia, probaron su existencia.

Desde Gesto por la Paz, se exigió que se tomaran todas las medidas pertinentes para evitar este tipo de delitos. Se hizo especial hincapié en cuidar las condiciones que se deberían aplicar en el periodo de detención en el sentido de eliminar los espacios de impunidad. 

Por desgracia, la actuación del Estado en relación a la tortura, no fue modélica. Gesto por la Paz denunció que muchas de las investigaciones ante supuestos casos de torturas sufrían dilaciones injustificables y que, posteriormente, en casos de sentencias probatorias se concedieron tantos indultos a los condenados que hacían pensar que se trataba de una práctica casi sistemática. Estas circunstancias impedían que el propio Estado transmitiera una postura firme contra la tortura y los malos tratos y, consecuentemente, que se deslegitimaran estas actuaciones. En esta línea, Gesto pidió encarecidamente a los poderes públicos que, en coherencia con la exigencia de deslegitimación de la violencia, no sólo se posicionaran públicamente contra la tortura, sino que también actuaran propiciando claramente el desarrollo de las imprescindibles investigaciones y la aplicación de la justicia como primer y fundamental paso para deslegitimar este tipo de delitos.

Por otra parte, las detenciones masivas y la aplicación automática de la prisión preventiva durante unos años fueron métodos de práctica habitual. Estas medidas se podían calificar de intimidatorias, ya que no estuvieron suficientemente justificadas.

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Gesto por la Paz
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria