Legislación Antiterrorista
Gesto por la Paz estuvo en contra de la creación de excepcionalidades en la legislación para abordar el problema del terrorismo. Estas excepcionalidades fueron muy amplias y afectaron al periodo de detención, al cumplimiento de la pena (tanto en relación a la progresión de grado y la reinserción como al lugar de cumplimiento de la misma) o a derechos fundamentales como el de libertad de asociación y de prensa.
La Justicia tiene la obligación de perseguir el delito, pero, desde el punto de vista cívico, es imprescindible exigir el máximo rigor, transparencia y celeridad, sobre todo cuando se toman medidas cautelares de gran transcendencia. Gesto por la Paz manifestó en repetidas ocasiones una gran preocupación porque, en la búsqueda de una supuesta mayor eficacia antiterrorista, se pudiera llegar a limitar principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.
El entorno que justificaba la estrategia del terrorismo mantuvo actuaciones que eran absolutamente condenables desde el punto de vista ético y político, pero esto no era suficiente para establecer un encausamiento penal, que sólo se podía mantener desde la aplicación rigurosa de la legalidad. Desgraciadamente, con frecuencia, estas actuaciones judiciales no fueron suficientemente argumentadas.
En ese contexto, Gesto por la Paz defendió que “no todo vale” en la lucha contra ETA y también mostró su preocupación por la utilización poco rigurosa y argumentada de que “todo es ETA”, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de indefensión que esto podía acarrear a muchos ciudadanos. En ocasiones, se utilizó la coincidencia con los supuestos objetivos políticos de ETA para encausar a personas que desarrollaban su estrategia por métodos no-violentos, alejados del terrorismo de ETA. Con ello, además del daño ocasionado a las personas, se establecía una vinculación indebida entre reivindicaciones independentistas radicales y el terrorismo. El ejemplo más característico de esta estrategia de que “todo es ETA” fue el Sumario 18/98.
Estas excepcionalidades también afectaron a la libertad de prensa. Se tomaron medidas cautelares de gran transcendencia, como fue el cierre de los diarios Egin y Egunkaria. El paso del tiempo, que fue mucho, convirtió estas medidas en irreversibles, sin posibilidad de reparación real, aunque posteriormente hubiera sentencias que no probaran los delitos que provocaran el cierre de los periódicos.
La denominada Ley de Partidos también fue motivo de preocupación. Es una obligación del Estado de derecho protegerse de quienes pretenden quebrantarlo, bien a través de acciones violentas (grupos terroristas) bien por la no aceptación de los principios democráticos al manifestar el apoyo a acciones terroristas. La Ley de partidos fue promulgada en 2002 con un cierto carácter de excepcionalidad, sin embargo, ya existía en ese momento una vía a través del Código Penal para declarar ilícitos a una asociación o a un partido político por la comisión de delitos relacionados con el terrorismo. En este caso, también fue evidente la arbitrariedad en su aplicación en diferentes contiendas electorales, así como la enorme dificultad para ponerla en práctica porque, en muchos casos, se basaba en actuaciones pasadas de personas, con lo cual no se consideraba la posible evolución en sus comportamientos.
En la misma línea, en el año 2000, en el contexto de una escalada brutal de violencia terrorista, hubo una reforma del Código Penal y de la Ley Penal del Menor que promovía un endurecimiento del tratamiento de los supuestos de violencia callejera y de los jóvenes menores de edad implicados en ellos. Gesto por la Paz alertó de que las circunstancias en que se llevaba a cabo la iniciativa legislativa no eran las más adecuadas para unas reformas que deberían ser debatidas desde la serenidad y no en función de la coyuntura.
A pesar de los esfuerzos de Gesto por la Paz por objetivar y humanizar el tratamiento penitenciario, éste estuvo sujeto a la política antiterrorista. Y en relación a las excepcionalidades legislativas para combatir el terrorismo, si bien Gesto por la Paz siempre defendió que quien realiza una apuesta por métodos violentos, se autoexcluye de la participación democrática, no se mostró conforme con dichas excepcionalidades que, en muchas ocasiones, cuestionaron la integridad del Estado de derecho, ya que se abrieron amplios espacios de arbitrariedad.
