Uno de los primeros principios con los que trabajó Gesto por la Paz en sus posicionamientos ante la violencia era aquel que exigía al Estado que su monopolio de la violencia legítima se ejerciera bajo el principio de proporcionalidad y que estuviera sujeto a controles democráticos y a la acción de la justicia.
Gesto por la Paz defendió la independencia entre política antiterrorista y política penitenciaria. Mantuvo la idea de que la situación penitenciaria de las personas presas por delitos de terrorismo se debía regir en todo momento por los principios que se recogen en la legislación (comenzando por la reinserción) y no debía ser utilizada como un medio para intentar combatir el terrorismo y presionar a su entorno en función de la coyuntura.
Gesto por la Paz abogó porque las leyes y medidas que se tomaran fueran lo menos excepcionales posibles, por la eliminación de espacios de impunidad que propiciaran abusos o malos tratos, por una aplicación ecuánime de la legislación y por la limitación de la discrecionalidad que pudiera convertirse en arbitrariedad. Una vez que el detenido hubiera sido condenado en un juicio justo, la idea que prevaleció en Gesto por la Paz era la de la reinserción, ya que suponía la recuperación de un ciudadano para la convivencia.